Tribunal concede plazo de cuatro meses para acusación en caso de red internacional de narcotráfico
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El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar acusación contra los diez imputados del caso derivado de la Operación Búfalo NK, desplegada en septiembre pasado contra una red internacional de narcotráfico.
La jueza Yanibeth Rivas adoptó la decisión tras evaluar la solicitud presentada por el órgano acusador. El proceso fue declarado complejo el pasado 5 de octubre de 2024 por el juez Rigoberto Sena, quien también dictó prisión preventiva contra ocho de los implicados.
Prisión preventiva para ocho acusados; dos tienen medidas económicas
Entre los detenidos que cumplen prisión preventiva se encuentran Rafael Ynoa Santana señalado como principal cabecilla, Isidoro Rotestán Clase, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Henríquez Tavárez, Severiano Núñez Pichardo, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.
El principal imputado, Ynoa Santana, guarda prisión en el Centro Penitenciario de La Romana, mientras que los otros cumplen medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
Las imputadas Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana tienen impedimento de salida del país y deben pagar garantías económicas de RD$500,000 y RD$200,000, respectivamente.
Durante el conocimiento de las medidas de coerción, tres imputados, entre ellos Rafael Ynoa Santana y su pareja, Germania Román, admitieron su participación en los hechos que se les imputan.
Investigación revela elementos propios del crimen organizado
El expediente presentado por el Ministerio Público, de más de 200 páginas, establece que el caso exhibe todos los elementos del crimen organizado, incluyendo tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación de malhechores.
Los arrestos se ejecutaron mediante un operativo simultáneo por aire, mar y tierra en las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná. Las acciones fueron coordinadas por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo del Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia del Estado y cooperación internacional de la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.
Según la acusación, los imputados trasladaban grandes cargamentos de drogas desde Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando lanchas rápidas y barcos pesqueros. Las sustancias eran introducidas a territorio dominicano y puertorriqueño para su posterior distribución en mercados internacionales, donde el producto triplicaba su valor, generando enormes beneficios económicos para la red.
