La empresa Farmacard informó este lunes que, tras retomar en febrero de 2025 la administración de medicamentos del Seguro Nacional de Salud (Senasa), implementó medidas de control que le permitieron identificar “prácticas irregulares” en la dispensación y reducir costos por 129 millones de pesos en cinco meses.
De acuerdo con la compañía, a partir del 1 de abril introdujo un esquema de supervisión que incluyó la suspensión de entregas a domicilio en plazas y parques, modalidad que calificó de irregular, y la incorporación de tokens de seguridad para autorizar compras en farmacias. Estas medidas, sostuvo, buscaron cerrar espacios al fraude y garantizar mayor transparencia en el sistema.
Farmacard defendió que la contratación bajo el modelo capitado, en el que asumió el 100 % del riesgo financiero y el pago a las farmacias, ofrecía más eficiencia y seguridad presupuestaria al Estado.
Pese a los resultados presentados por la empresa, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró nulo el contrato directo con Farmacard mediante la resolución RIC-0109-2025, al considerar que vulneró la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
El caso ocurre en paralelo a la investigación abierta por la Procuraduría General de la República, luego de que el Ejecutivo remitiera un informe con presuntas irregularidades en Senasa relacionadas con facturación fraudulenta, recetas indebidas y autorizaciones irregulares de procedimientos médicos.