


Más de 154,000 funcionarios federales en Estados Unidos continúan recibiendo salario sin ejercer funciones, como parte de un programa de renuncia postergada impulsado por el gobierno del presidente Donald Trump, con el objetivo de reducir costos y aligerar la estructura administrativa.
La información fue confirmada por una portavoz de la Oficina de Administración de Personal al New York Times, detallando que los beneficiarios permanecerán en la nómina hasta el 30 de septiembre de 2025 o, en algunos casos, hasta el cierre del año fiscal vigente, sin regresar a sus puestos.
A pesar del volumen, esta cifra representa algo más del 6 % del total de 2.3 millones de trabajadores federales.
Plan de salida anticipada con compensación
La medida fue lanzada en enero con la promesa de indemnizaciones para aquellos empleados que aceptaran dejar sus cargos voluntariamente. Sin embargo, los sindicatos advirtieron que esto generaría desorganización y afectaría el funcionamiento de agencias clave.
Trump ha insistido en que su meta es recortar la “excesiva burocracia” en el aparato estatal. En ese marco, el pasado 11 de julio, el Departamento de Estado confirmó el despido de más de 1,300 empleados en oficinas dentro y fuera del país.
Críticas por costos ocultos
Este jueves, legisladores demócratas publicaron un informe señalando que el Gobierno ha desembolsado miles de millones de dólares en mantener a empleados fuera de funciones, ya sea bajo el esquema de renuncia diferida o envueltos en litigios laborales relacionados con los despidos.
También denunciaron que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el empresario Elon Musk, malgastó 21,700 millones de dólares, contradiciendo su propósito original de racionalizar el gasto federal.