


La Fiscalía General de Colombia informó que judicializó a 275 personas señaladas de estar involucradas presuntamente en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de este año. De ese grupo, 258 recibieron medidas privativas de libertad por decisión de los jueces.
Las actuaciones se desarrollaron como parte de los llamados “Meses de la Justicia para la Niñez”, una estrategia de la Fiscalía dirigida a fortalecer las investigaciones relacionadas con hechos que afectan la libertad, integridad y formación sexual de personas menores de edad. Los procesos se concentraron principalmente en departamentos como Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Cundinamarca y Córdoba, además de Bogotá.
De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, entre los delitos investigados figuran actos sexuales y acceso carnal con menores de 14 años, así como hechos relacionados con violencia intrafamiliar y explotación sexual de menores de 18 años. Para desarrollar las investigaciones participaron fiscales de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales y fiscales especializados en casos priorizados contra niños, niñas y adolescentes.
Entre los casos destacados figura el de un profesor procesado en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, por el presunto abuso sexual de un adolescente de 15 años ocurrido el pasado 10 de agosto. Según la investigación, el docente habría utilizado la confianza que mantenía con el menor para trasladarlo hasta un apartamento, donde presuntamente ocurrió la agresión.
La Fiscalía también reportó un proceso en Medellín contra un hombre señalado de presuntamente cometer abusos sexuales y ejercer violencia física y psicológica contra su hijastra de siete años. Asimismo, las autoridades investigan casos relacionados con cuatro niñas y adolescentes de comunidades indígenas de Vichada y otro proceso contra un docente de Vaupés, señalado de presuntos abusos contra cuatro estudiantes menores de edad.
Las autoridades colombianas indicaron además que una parte importante de los casos investigados involucra a personas del entorno familiar o cercano de las víctimas. La Fiscalía señaló que esta situación refuerza la necesidad de fortalecer los espacios de protección y confianza para que niños, niñas y adolescentes puedan comunicar oportunamente cualquier situación que afecte su integridad.