Ley de la Guardia Nacional podría agravar el espionaje cibernético en México, según organizaciones

La Cámara de Diputados aprobó un decreto propuesto por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que expide una nueva Ley de la Guardia Nacional.

La iniciativa otorga nuevas facultades a esta institución de seguridad pública, entre las que destacan la posibilidad de intervenir comunicaciones privadas y llevar a cabo tareas encubiertas de inteligencia.

Diversas organizaciones han alertado que las disposiciones del nuevo marco normativo podrían legalizar el espionaje militar y representar un riesgo significativo para la privacidad de la ciudadanía.

La propuesta, que ahora será turnada al Senado para su análisis, además contempla modificaciones a ocho leyes de carácter militar.

Entre los principales cambios, establece que la Guardia Nacional (GN), creada originalmente como una institución de seguridad civil, se consolidará como una fuerza pública profesional, de carácter permanente, compuesta por personal militar con formación policial y dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El dictamen establece que la GN será responsable de la vigilancia en zonas fronterizas, aduanas, parques nacionales, espacios urbanos federales y cualquier área del territorio bajo jurisdicción federal. Además, sus elementos, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, estarán facultados para revisar documentos migratorios de personas extranjeras con el objetivo de verificar las condiciones de su estancia y, en su caso, proceder con su detención si se encuentran en situación irregular.

Uno de los aspectos más polémicos de la reforma es que permite a la GN realizar operaciones encubiertas y utilizar identidades simuladas, así como recopilar información en espacios públicos mediante herramientas tecnológicas, dispositivos y cualquier recurso que consideren necesario para labores de investigación preventiva.

Asimismo, la iniciativa autoriza a la Guardia Nacional el requerir a empresas de telecomunicaciones y telefonía móvil información en tiempo real sobre sus usuarios, incluyendo datos de geolocalización de los dispositivos. También podrán intervenir comunicaciones privadas y realizar tareas de monitoreo, rastreo, identificación y vigilancia en la red pública de internet, particularmente sobre sitios web, con el fin de prevenir delitos. No obstante, en todos estos casos, será indispensable contar con la autorización previa de una autoridad judicial, conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Aunque los promotores de la iniciativa aseguran que estas atribuciones deberán ejercerse con estricto respeto al derecho a la privacidad y a los derechos humanos, diversas organizaciones han advertido que la reforma podría profundizar la crisis de espionaje ilegal que desde hace años se ha documentado en México.

¿Espionaje militar en México será legalizado?
La organización no gubernamental Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió recientemente que “estas reformas buscan legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército, una práctica que se ha ejercido de manera ilegal en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, investigadores e incluso servidores públicos, con total impunidad”.

Uno de los puntos señalados por R3D es el artículo 9, fracción XXVI. Subraya que su redacción genera ambigüedad sobre si la GN necesita o no autorización judicial para acceder a los datos conservados por empresas de telecomunicaciones o para conocer la ubicación en tiempo real de dispositivos móviles.

Cabe recordar que las instituciones de seguridad y defensa del país están obligadas a reportar las solicitudes de intervención de comunicaciones realizadas conforme al CNPP. Sin embargo, el artículo 303 de dicho código permite el acceso a datos de telecomunicaciones sin control judicial previo, siempre que se ratifique posteriormente. Según R3D, este mecanismo ha sido utilizado de manera excesiva para obtener información sin las garantías debidas. Entre 2016 y 2019, el 57.3% de las solicitudes registradas se hicieron sin autorización judicial inicial, y en el 76.7% de los casos se invocaron las excepciones del artículo 303. Además, el 39.5% de estas solicitudes no fueron ratificadas total o parcialmente.

“En esencia, esta legalización de la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejército compromete seriamente la privacidad de la población y representa un riesgo para la protección de datos personales y los derechos humanos. Aunque la reforma se presenta bajo el título ‘en materia de Guardia Nacional’, en realidad excede ese ámbito y otorga facultades de vigilancia sin controles al Ejército”, advirtió la organización.

Ante las críticas, Ernestina Godoy, consejera jurídica del gabinete de Claudia Sheinbaum, reconoció esta semana que, si bien la reforma permite que la Guardia Nacional desarrolle labores de inteligencia, se están tomando medidas para asegurar que en ningún caso se violen los derechos de privacidad ni se abuse del marco legal. Anunció además el desarrollo de una plataforma tecnológica que facilitará el acceso a registros y bases de datos, tanto públicos como privados, para fortalecer las investigaciones y procesos judiciales en materia penal.

Godoy aseguró que “en ningún momento se invadirá la privacidad de las personas. Todo se realizará conforme a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la debida autorización judicial. Por ello, podemos garantizar que no habrá un uso político de estas facultades, gracias a los candados legales y mecanismos de supervisión incluidos en la reforma”.

Distintas investigaciones han evidenciado que autoridades locales, fiscalías y organismos de seguridad han utilizado diversos sistemas digitales para intervenir comunicaciones sin cumplir con los requisitos legales, una situación que se ha vuelto motivo de creciente preocupación nacional e internacional.

Un estudio de Google, publicado en septiembre del año pasado, concluyó que el espionaje cibernético se ha convertido en una amenaza creciente para la libertad de expresión y de prensa en México. La compañía tecnológica alertó que el país enfrenta un entorno digital particularmente riesgoso, caracterizado por una compleja interacción de amenazas globales y locales, donde diversos actores maliciosos intentan vulnerar sectores estratégicos de la sociedad mexicana.