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Una jueza federal de California ordenó este lunes suspender temporalmente la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, luego de que una coalición de 12 estados solicitara detener la operación mientras los tribunales analizan sus posibles efectos sobre la competencia.
La jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín estableció que las empresas no podrán completar la transacción antes del 3 de agosto de 2026. Ese día se celebrará una audiencia para determinar si procede una medida cautelar más prolongada, que podría mantener paralizado el acuerdo durante el desarrollo del litigio.
La operación está valorada en aproximadamente US$110,000 millones al incluir la deuda, aunque el valor atribuido directamente a la fusión y las acciones ha sido situado en unos US$81,000 millones. El acuerdo uniría a dos de los cinco grandes estudios tradicionales de Hollywood y concentraría bajo una misma compañía importantes activos cinematográficos, televisivos, informativos y de transmisión por internet.
La demanda fue presentada por una coalición encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, junto con Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington. Los fiscales sostienen que la adquisición podría infringir la Sección 7 de la Ley Clayton, que prohíbe las fusiones capaces de reducir sustancialmente la competencia.
Según los demandantes, la combinación de Paramount y Warner Bros. crearía una empresa con cerca del 27 % del mercado estadounidense de distribución de películas de estreno amplio y casi una tercera parte de la programación básica por cable.
Esa concentración, afirman, podría aumentar la capacidad del nuevo grupo para imponer condiciones a salas de cine, operadores de televisión y consumidores.
Los fiscales alegan que la operación podría ocasionar aumentos de precios, reducción en la calidad y una menor producción de películas y series, además de limitar la diversidad de contenidos disponibles. También advierten que desaparecería la competencia directa entre dos compañías que actualmente rivalizan por desarrollar, adquirir y distribuir producciones cinematográficas y televisivas.
La jueza consideró que los estados presentaron argumentos suficientemente sólidos para sostener, en esta fase inicial, que la operación podría debilitar ilegalmente la competencia. Sin embargo, aclaró que la determinación definitiva deberá producirse después de que las partes presenten todas sus pruebas durante el proceso.
Martínez-Olguín también concluyó que permitir el cierre inmediato podría generar consecuencias difíciles de revertir, como despidos, reorganizaciones internas, integración de operaciones y el intercambio de información comercial sensible entre las dos compañías.
Paramount Skydance ha rechazado las acusaciones y sostiene que la demanda interpreta incorrectamente las leyes antimonopolio. La empresa argumenta que la adquisición fortalecería su capacidad para competir con compañías de mayor tamaño como Netflix, Disney, Amazon y Apple.
La compañía también ha señalado que retrasar la transacción podría perjudicar a los trabajadores de la industria del entretenimiento, después de varios años marcados por huelgas, recortes de producción y dificultades financieras. Paramount afirmó previamente que defenderá enérgicamente el acuerdo ante los tribunales.
La suspensión podría representar un importante costo económico para Paramount. Si la adquisición no se completa antes del 30 de septiembre, la empresa deberá pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery una compensación equivalente a unos US$7 millones por cada día de retraso, según las condiciones del acuerdo.
La fusión colocaría bajo una misma estructura marcas y activos como Warner Bros., HBO, HBO Max, CNN, CBS, Paramount Pictures y Paramount+, además de franquicias cinematográficas y televisivas de alcance mundial. Los estados demandantes consideran que esa concentración tendría efectos importantes sobre el cine, la televisión por cable, el streaming y la producción de contenidos.
El fiscal Rob Bonta calificó la orden como una “victoria crucial”, aunque el proceso apenas comienza. El tribunal deberá decidir el 3 de agosto si extiende la suspensión mientras se examina el fondo de la demanda o permite que las compañías continúen avanzando hacia el cierre de la adquisición.